Resumen: La sentencia recurrida no vulnera el principio acusatorio, pues, aunque su relato de hechos probados no es idéntico al reflejado en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, sí coincide con los hechos esenciales que conformaron la base de la acusación ejercitada, hechos que fueron conocidos por el acusado y de los que pudo defenderse. Tampoco se infringe el principio acusatorio en lo que se refiere a la calificación jurídica de los hechos, ya que el Ministerio Fiscal acusó por un delito de abuso de autoridad en su modalidad de acoso laboral y la sentencia condenó por uno de abuso de autoridad en su modalidad de atentado contra la dignidad personal o en el trabajo, subtipos penales homogéneos integrados ambos en el art. 48 CPM, referido al abuso de autoridad denominado acoso profesional, modalidad que abarca la consideración que la persona tiene en el trabajo, lo que también puede constituir un atentado a su dignidad. En definitiva, ni siquiera resulta necesario examinar la homogeneidad o heterogeneidad de los delitos, porque se está ante el mismo tipo penal. El relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, cuando una soldado decide acabar con la relación sentimental que había mantenido con un sargento, este comienza a realizar actuaciones dirigidas a perjudicar y humillar a aquella en su ámbito laboral, llegando, incluso, a atentar contra su dignidad- se subsume adecuadamente en el tipo aplicado, considerado genéricamente como acoso profesional o laboral.
Resumen: El actor ejercita acción de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual sobre la base fáctica de falta de conformidad en vehículo comprado de segunda mano. Surge como cuestión crucial la fecha de reclamación o manifestación de disconformidad del comprador a los efectos de la presunción legal de seis meses de preexistencia de la avería en el momento de la entrega del vehículo. La Audiencia declara que habiendo quedado manifestada la falta de conformidad más allá del plazo de 6 meses desde la entrega del vehículo, la carga probatoria de la preexistencia de la avería en el momento de entrega, ha de corresponder al comprador, sin que quepa otro planteamiento por el hecho de que el actor tenga la condición de consumidor al tratarse de una normativa tuitiva aplicable sin necesidad de que aparezca expresamente en el contrato, cuyo contenido protector no puede dejarse de aplicar y solo alcanza a lo que dispone, sin amparar los errores, creencias o aspiraciones que un comprador pudiera tener.
Resumen: Apreciación de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada en el delito de abuso sexual por tocamientos a personas mayores de edad. Oposición de alguna de las perjudicadas a esa cualificación de la atenuante que el Tribunal desestima por entender que hay una secuencia paralela y de gran similitud en todos los supuestos por lo que la atenuante debe tener igual consideración. Determinación de la cuantía de la responsabilidad civil con los informes obrantes en autos que no limita la posibilidad de acreditación algún mayor perjuicio en el trámite de ejecución de sentencia. Nos encontramos en un proceso penal donde la norma procesal tiene la condición de ser de orden público, y la posición procesal del Servicio Aragonés de Salud es la de responsable civil subsidiario, no teniendo el ejercicio de la acción civil al no tener la condición ni de acusador ni de actor civil por lo que carece de legitimación para interesar que la responsabilidad civil de la Compañía de Seguros sea directa y no subsidiaria.
